Delimitación exacta
Incluido:
- Las cuatro fases del procedimiento común: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
- Iniciación de oficio o a solicitud; actuaciones previas, medidas provisionales, acumulación y modalidades de iniciación de oficio.
- Solicitudes y subsanación como núcleo de la iniciación a instancia del interesado.
- Ordenación: expediente, impulso, concentración, cumplimiento de trámites y cuestiones incidentales.
- Instrucción: actos de instrucción, alegaciones, prueba, informes, audiencia e información pública.
- Especial referencia a informes: petición, carácter, emisión, retraso, suspensión por informe preceptivo y reglas especiales de responsabilidad patrimonial.
- Terminación: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material, terminación sancionadora y convencional, y actuaciones complementarias.
No ampliar por inercia:- Concepto general de interesado y cómputo general de plazos, tratados sistemáticamente en AP7 salvo cuando un plazo forma parte de una fase concreta.
- Silencio administrativo, tratado en AP3.
- Notificación, publicación, ejecutividad y ejecución forzosa, tratados en AP5.
- Revisión de oficio, tratada en AP6.
- Recursos administrativos y reclamaciones, que corresponden a AP9 y AP10.
- Desarrollo completo de las especialidades sancionadoras y de responsabilidad patrimonial fuera de los puntos necesarios para explicar fases e informes.
Mapa del tema
- 1) Mapa completo de las fases.
- 2) Iniciación: reglas generales.
- 3) Iniciación de oficio.
- 4) Iniciación a solicitud y subsanación.
- 5) Ordenación del procedimiento.
- 6) Instrucción: alegaciones y prueba.
- 7) Informes: petición, naturaleza y emisión.
- 8) Informes especiales de responsabilidad patrimonial.
- 9) Audiencia e información pública.
- 10) Terminación y resolución.
Marco jurídico y alcance
Tema 8 de la Parte Práctica del Cuerpo Auxiliar según BOC 239/2024, anuncio 3965.
La convocatoria de 13/03/2026 (BOC 57/2026, anuncio 948) remite al programa aplicable del Cuerpo Auxiliar con las actualizaciones normativas correspondientes.
Norma central: Ley 39/2015, Título IV, especialmente arts. 54–95; para la suspensión por informe preceptivo, art. 22.1.d).
La especial referencia a informes exige dominar particularmente los arts. 79, 80 y 81 y conectarlos con los arts. 22.1.d), 82, 87 y 88.
Verificación normativa realizada el 18/09/2026 sobre BOC/Gobierno de Canarias y BOE; el BOE muestra como última actualización consolidada general de la LPAC la publicada el 06/11/2024.
Explicación del profesor
1. El mapa de AP8: cuatro fases
Para examen conviene visualizar una secuencia: iniciación → ordenación → instrucción → terminación. La iniciación abre formalmente el procedimiento; la ordenación organiza su avance; la instrucción reúne y contrasta los elementos necesarios para decidir; la terminación cierra el procedimiento por resolución u otra causa legal. La Ley 39/2015 regula estas fases en el Título IV.
2. Iniciación: de oficio o a solicitud
El art. 54 LPAC contiene la bifurcación básica: el procedimiento puede comenzar de oficio o a solicitud del interesado. No confundas la forma de iniciación con quién impulsa después la tramitación: una vez iniciado, el procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites conforme al art. 71.
3. Información previa todavía no es el procedimiento
Antes de iniciar, el órgano competente puede abrir información o actuaciones previas para conocer el caso y decidir si conviene incoar. En sancionadores se orientan a precisar hechos, posibles responsables y circunstancias. Esta actividad preparatoria no equivale por sí sola al acuerdo formal de iniciación.
4. Medidas provisionales antes y después de iniciar
Tras la iniciación, el órgano competente para resolver puede adoptar medidas provisionales motivadas para asegurar la eficacia de la futura resolución, con proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de iniciar sólo caben por urgencia inaplazable y protección provisional; deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de quince días.
5. Acumulación: conexión y mismo órgano
Puede acumularse un procedimiento a otros con identidad sustancial o íntima conexión cuando el mismo órgano deba tramitarlos y resolverlos. La acumulación puede acordarse de oficio o a instancia de parte. Contra el acuerdo de acumulación no procede recurso autónomo.
6. Las cuatro vías del inicio de oficio
El art. 58 enumera propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos y denuncia. Todas desembocan en un acuerdo del órgano competente. La petición razonada no vincula al órgano iniciador; la denuncia tampoco inicia automáticamente el procedimiento ni convierte por sí sola al denunciante en interesado.
7. Solicitud y subsanación
La solicitud debe identificar al solicitante y, en su caso, representante, medio electrónico o lugar de notificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma o acreditación de voluntad y órgano/unidad destinataria. Si faltan requisitos, se requiere subsanar en diez días; el plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
8. Ordenación: hacer avanzar el expediente correctamente
La ordenación no decide el fondo: fija cómo progresa el procedimiento. El expediente es electrónico; el impulso es de oficio; debe respetarse el orden riguroso de incoación en asuntos homogéneos salvo orden motivada; y el responsable de instrucción responde del cumplimiento de plazos.
9. Concentración y cumplimiento de trámites
Los trámites que admitan impulso simultáneo y no exijan cumplimiento sucesivo deben concentrarse en un solo acto. Los trámites que correspondan a los interesados se realizan, como regla, en diez días desde la notificación, salvo que la norma fije otro plazo. Si la actuación no reúne requisitos, se concede también un plazo de diez días para completarla.
10. Cuestiones incidentales
Las cuestiones incidentales, incluso las relativas a nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación salvo la recusación. Es una trampa clásica: plantear una cuestión accesoria no paraliza automáticamente el procedimiento.
11. Instrucción: construir la base de la decisión
Los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizan de oficio y por medios electrónicos por el órgano que tramite, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones. Los sistemas deben permitir controlar tiempos, responsables y orden de tramitación y garantizar contradicción e igualdad.
12. Alegaciones antes de la audiencia
Los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. También pueden denunciar defectos de tramitación, especialmente paralización, infracción de plazos u omisión de trámites subsanables.
13. Prueba: hechos controvertidos y plazo
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abre período de prueba entre diez y treinta días. Puede existir un período extraordinario no superior a diez días. La prueba se practica conforme a Derecho y la Administración debe motivar el rechazo de pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias.
14. Informes: preceptivo/facultativo y vinculante/no vinculante
El art. 79 ordena pedir los informes exigidos por norma y los que se consideren necesarios para resolver, concretando qué extremos se consultan. El art. 80 establece la regla supletoria: salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes. “Preceptivo” responde a si debe pedirse; “vinculante” a si condiciona jurídicamente la decisión.
15. Emisión del informe: electrónico y diez días
Como regla, el informe se emite electrónicamente en diez días, salvo que una disposición o los plazos del procedimiento permitan o exijan otro. Si llega tarde, normalmente pueden proseguir las actuaciones; además, el informe extemporáneo puede no ser tenido en cuenta al resolver.
16. Informe preceptivo tardío: suspensión posible y limitada
Si falta un informe preceptivo, el art. 80.3 permite suspender el plazo máximo para resolver en los términos del art. 22.1.d). La suspensión cubre desde la petición comunicada a los interesados hasta la recepción también comunicada y nunca puede exceder de tres meses. Si en tres meses no llega, el procedimiento prosigue.
17. Responsabilidad patrimonial: informes especiales
En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión, con plazo máximo de diez días. Para reclamaciones de al menos 50.000 euros —o la cuantía autonómica que proceda— puede ser preceptivo dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico, con las reglas específicas del art. 81.
18. Audiencia e información pública no son lo mismo
La audiencia se produce, como regla, una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de la propuesta de resolución; concede entre diez y quince días. La información pública es potestativa cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera y su plazo de alegaciones no puede ser inferior a veinte días. Comparecer en información pública no convierte por sí solo en interesado.
19. Formas de terminación
El art. 84 enumera resolución, desistimiento, renuncia cuando no esté prohibida y caducidad, además de la imposibilidad material sobrevenida. También existen reglas especiales de terminación sancionadora y terminación convencional mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos dentro de los límites legales.
20. Resolución y cierres no ordinarios
Antes de resolver pueden acordarse actuaciones complementarias indispensables: deben ser motivadas, notificadas, dar siete días de alegaciones tras su práctica y realizarse en máximo quince días. La resolución decide las cuestiones planteadas y derivadas; aceptar informes o dictámenes puede servir de motivación si se incorporan al texto. Desistimiento, renuncia y caducidad tienen requisitos propios y no deben confundirse entre sí.
Trampas frecuentes
- «Las actuaciones previas equivalen al inicio formal». Falso: son anteriores y preparatorias.
- «Toda medida provisional puede adoptarse antes de iniciar». Falso: antes exige urgencia inaplazable y protección provisional.
- «Una medida provisional previa dura indefinidamente». Falso: debe confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de inicio dentro de 15 días.
- «La acumulación exige identidad total». Falso: basta identidad sustancial o íntima conexión, con mismo órgano competente para tramitar y resolver.
- «La denuncia inicia automáticamente el procedimiento». Falso.
- «Denunciar convierte siempre en interesado». Falso: no por sí sola.
- «La petición razonada obliga a iniciar». Falso: no vincula, aunque debe comunicarse el motivo de no iniciar.
- «La subsanación de una solicitud siempre son 5 días». Falso: regla general 10; posible ampliación hasta 5 adicionales en condiciones legales.
- «Ordenación significa resolver el fondo». Falso: organiza y hace avanzar la tramitación.
- «El interesado debe impulsar cada trámite». Falso: art. 71 impone impulso de oficio.
- «Toda cuestión incidental suspende». Falso: regla general no; excepción de recusación.
- «Las alegaciones sólo pueden presentarse en audiencia». Falso: pueden formularse antes de audiencia durante la instrucción.
- «El período ordinario de prueba dura siempre 30 días». Falso: entre 10 y 30 días.
- «Informe preceptivo significa necesariamente vinculante». Falso: son categorías distintas.
- «Todos los informes son preceptivos y vinculantes». Falso: regla supletoria, facultativos y no vinculantes.
- «Todo informe tiene exactamente 10 días sin excepción». Falso: es regla general, admite plazo distinto por disposición o por el resto de plazos.
- «Si falta un informe preceptivo, el procedimiento queda suspendido sin límite». Falso: la suspensión es potestativa en este supuesto y máximo 3 meses.
- «Audiencia e información pública tienen el mismo plazo». Falso: audiencia 10–15; información pública al menos 20.
- «Comparecer en información pública hace interesado». Falso por sí solo.
- «Los informes inmediatamente anteriores a la resolución son actuaciones complementarias». Falso expresamente por art. 87.
Ejemplo resuelto · informe preceptivo que no llega
Un expediente necesita por ley un informe preceptivo. Se solicita al órgano competente y se comunica la petición al interesado. Llegado el plazo del art. 80, el informe no ha sido emitido. No debe memorizarse “el expediente se paraliza”: el art. 80.3 dice que, por ser preceptivo, se podrá suspender el plazo máximo para resolver conforme al art. 22.1.d). Esa suspensión discurre entre petición y recepción comunicadas y no puede superar tres meses. Si el informe sigue sin recibirse al agotarse esos tres meses, el procedimiento prosigue. Método: calificar informe → comprobar si es preceptivo → distinguir retraso de suspensión → aplicar máximo de tres meses.
Ejercicio guiado
Una persona inicia un procedimiento mediante solicitud, pero omite un requisito exigido. Después de subsanar, existen hechos discutidos y la norma exige un informe antes de resolver. Ordena jurídicamente la tramitación.
- Iniciación: identifica que es a solicitud del interesado (art. 54).
- Subsanación: requiere corregir la falta en diez días conforme al art. 68.1.
- Ordenación: una vez correctamente iniciado, el expediente se impulsa de oficio y electrónicamente (art. 71).
- Instrucción: si los hechos son controvertidos, abre prueba dentro de la horquilla legal de diez a treinta días (art. 77).
- Informe: solicita el informe preceptivo, indicando el precepto que lo exige y los extremos consultados (art. 79).
- Audiencia: instruido el asunto, da audiencia entre diez y quince días, antes de la propuesta de resolución y de los dictámenes consultivos cuando corresponda (art. 82).
- Terminación: dicta la resolución con el contenido legal del art. 88.
Ejercicio autónomo
La unidad instructora considera útil un informe técnico, pero ninguna norma obliga a pedirlo. Se solicita; pasan diez días sin respuesta. Explica si era preceptivo, si vinculaba y qué puede hacer la tramitación.
Solución / criterio: Al no exigirlo una norma, es facultativo; salvo disposición expresa en contrario, también es no vinculante. Vencido el plazo aplicable sin emisión, pueden proseguir las actuaciones. La posibilidad específica de suspender el plazo máximo del art. 80.3 está ligada al informe preceptivo, por lo que no debe aplicarse automáticamente a este informe facultativo.
Repaso activo
¿Cuáles son las cuatro fases que debes visualizar en AP8?
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
¿Qué dos formas generales de iniciación reconoce el art. 54?
De oficio o a solicitud del interesado.
¿Para qué sirven las actuaciones previas del art. 55?
Para conocer las circunstancias del caso y decidir sobre la conveniencia de iniciar.
¿Las actuaciones previas son ya el procedimiento formalmente iniciado?
No.
¿Quién puede adoptar medidas provisionales una vez iniciado?
El órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y motivadamente.
¿Qué condición especial exige una medida provisional antes del inicio?
Urgencia inaplazable y protección provisional de los intereses implicados, con necesidad y proporcionalidad.
¿En cuántos días debe abordarse la medida provisional previa en el acuerdo de iniciación?
Dentro de los quince días siguientes a su adopción.
¿Qué exige el art. 57 para acumular procedimientos?
Identidad sustancial o íntima conexión y que el mismo órgano deba tramitar y resolver.
¿Cabe recurso contra el acuerdo de acumulación?
No.
Enumera las cuatro vías de iniciación de oficio del art. 58.
Propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos y denuncia.
¿Vincula al órgano competente una petición razonada de otro órgano?
No; si no inicia, debe comunicar los motivos al órgano peticionario.
¿Qué es una denuncia a efectos del art. 62?
La puesta en conocimiento de un órgano de hechos que podrían justificar el inicio de oficio.
¿La denuncia da por sí sola condición de interesado?
No.
¿Cuál es el plazo ordinario para subsanar una solicitud?
Diez días.
¿Qué ocurre si un obligado a relacionarse electrónicamente presenta presencialmente?
Debe subsanar mediante presentación electrónica y se considera fecha de presentación la de esa subsanación.
¿En qué formato se forma el expediente administrativo?
En formato electrónico.
¿Cómo se impulsa el procedimiento según el art. 71?
De oficio, en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.
¿Qué regla rige el orden de expedientes homogéneos?
Orden riguroso de incoación, salvo orden motivada en contrario.
¿Qué busca la concentración de trámites?
Realizar en un solo acto trámites simultáneos que no exijan cumplimiento sucesivo.
¿Cuál es el plazo supletorio de los trámites a cargo de interesados?
Diez días.
¿Suspenden las cuestiones incidentales la tramitación?
No, salvo la recusación.
¿Qué finalidad tienen los actos de instrucción?
Determinar, conocer y comprobar los hechos necesarios para resolver.
¿Hasta cuándo pueden formularse alegaciones del art. 76?
Hasta antes del trámite de audiencia.
¿Cuál es la horquilla ordinaria del período de prueba?
No inferior a diez ni superior a treinta días.
¿Cuál es el máximo del período extraordinario de prueba?
Diez días.
¿Qué informes deben solicitarse según el art. 79?
Los preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver.
¿Qué debe concretar una petición de informe?
El extremo o extremos sobre los que se solicita.
¿Cuál es la regla general sobre naturaleza de los informes?
Facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa en contrario.
¿Cuál es el plazo general de emisión de informes?
Diez días, salvo regla o necesidad temporal distinta.
¿Qué puede ocurrir con un informe emitido fuera de plazo?
Puede no ser tenido en cuenta al resolver.
¿Puede suspenderse el plazo máximo si falta informe preceptivo?
Sí, en los términos del art. 22.1.d).
¿Cuál es el máximo de suspensión por informe preceptivo del art. 22.1.d)?
Tres meses.
¿Qué comunicaciones exige esa suspensión por informe?
Comunicar a los interesados la petición y la recepción del informe.
¿Qué informe es siempre preceptivo en responsabilidad patrimonial?
El del servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable.
¿Qué plazo máximo tiene ese informe del servicio?
Diez días.
¿Qué umbral estatal menciona el art. 81.2 para dictamen consultivo?
50.000 euros, salvo la cuantía que establezca la legislación autonómica.
¿Cuánto dura el trámite de audiencia?
Entre diez y quince días.
¿Cuál es el mínimo de la información pública?
Veinte días.
¿Comparecer en información pública convierte automáticamente en interesado?
No.
¿Cuáles son las terminaciones del art. 84.1?
Resolución, desistimiento, renuncia admisible y declaración de caducidad.
¿Qué otra causa de terminación recoge el art. 84.2?
Imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas, mediante resolución motivada.
¿Son actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución?
No.
¿Cuánto tiempo de alegaciones sigue a actuaciones complementarias?
Siete días.
¿En cuánto tiempo máximo se practican actuaciones complementarias?
Quince días.
¿Cuándo puede la aceptación de un informe motivar la resolución?
Cuando el informe o dictamen se incorpore al texto de la resolución.
¿Puede la Administración desistir de un procedimiento iniciado de oficio libremente?
No; sólo en los supuestos y con los requisitos previstos por las leyes, mediante resolución motivada.
¿Qué plazo de inactividad imputable al interesado lleva a caducidad tras advertencia?
Tres meses.
¿Caducidad equivale por sí sola a prescripción?
No; la caducidad no produce por sí sola la prescripción, aunque el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción.
Texto oficial exigible
El texto legal/técnico se mantiene separado de la explicación.
Ley 39/2015, de 1 de octubre · Artículo 22.1.d. Suspensión del plazo máximo para resolver por informes preceptivos
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 54. Clases de iniciación
Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 55. Información y actuaciones previas
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre · Artículo 56. Medidas provisionales
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: a) Suspensión temporal de actividades. b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 57. Acumulación
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 58. Iniciación de oficio
Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa
Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior
1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos
1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.
2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.
3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre · Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia
1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 66. Solicitudes de iniciación
1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.
Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 70. Expediente Administrativo
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.
La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 71. Impulso
1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 72. Concentración de trámites
1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 73. Cumplimiento de trámites
1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 74. Cuestiones incidentales
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 75. Actos de instrucción
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 76. Alegaciones
1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 77. Medios y período de prueba
1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad.
4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 78. Práctica de prueba
1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 79. Petición de informes
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 80. Emisión de informes
1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.
4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre · Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 82. Trámite de audiencia
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 83. Información pública
1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 84. Terminación
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre · Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores
1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 86. Terminación convencional
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 87. Actuaciones complementarias
Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 88. Contenido de la resolución
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.
6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución.
En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 93. Desistimiento por la Administración
En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados
1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas · Artículo 95. Requisitos y efectos de la caducidad
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
Fuente: BOE-A-2015-10565, texto consolidado vigente (última actualización publicada 06/11/2024); consulta 18/09/2026
Fuentes
- Programa oficial · BOC 239/2024, anuncio 3965, Tema 8 Parte Práctica del Cuerpo Auxiliar.
- Convocatoria vigente · BOC 57/2026, anuncio 948, Resolución de 13/03/2026.
- Normativa estatal · Ley 39/2015, de 1 de octubre, BOE-A-2015-10565, texto consolidado consultado 18/09/2026.